La Municipalidad de Chivilcoy confirmó que la Provincia prorrogó la Emergencia Agropecuaria en el distrito, por los próximos seis meses.
A través de un comunicado, el municipio informó que “luego de la reunión llevada a cabo entre la Asociación Rural de Chivilcoy y el intendente municipal Guillermo Britos, se decidió solicitarle la Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia la prórroga de la Emergencia Agropecuaria”, a raíz de la situación adversa que atraviesan los productores locales por la sequía.
En esa línea, la comuna precisó que “el 30 de octubre de 2023, se conformó la Comisión Local de Emergencia y Desastre Agropecuario, presidida por el intendente, y se decidió formalmente solicitar la extensión o renovación de la Emergencia Agropecuaria para el Partido de Chivilcoy”.
Según confirmó en las últimas horas el gobierno local, “dicha petición fue aprobada por la Comisión Provincial y Desastre Agropecuario, el día jueves 2 de noviembre de 2023”, por lo que se resolvió “extender el período de estado de Emergencia desde el 1º de noviembre de 2023 hasta el 31 de enero de 2024 para las explotaciones agrícolas, forestales y frutihortícolas; y del 1º de noviembre de 2023 hasta el 30 de noviembre de 2023 hasta el 30 de abril de 2024 inclusive para explotaciones ganaderas, tamberas y agrícolas”.
¿Qué es la Emergencia Agropecuaria?
Ley 10.390 establece el procedimiento para la declaración de Emergencia y Desastre Agropecuario en la Provincia de Buenos Aires.
La declaración está a cargo de la Comisión de Emergencia y Desastre Agropecuario, que integran “representantes del Estado y de las entidades representativas del sector agropecuario a nivel provincial”.
De acuerdo con sus funciones, la Comisión eleva la propuesta al Poder Ejecutivo bonaerense para que se declare la Emergencia en una zona agropecuaria, “cuando factores de origen climático, telúrico, físico o biológico, que no fueren previsibles o siéndolo fueran inevitables, por su intensidad o carácter extraordinario, afectaren la producción o la capacidad de producción de una región dificultando gravemente la evolución de las actividades agrarias y el cumplimiento de las obligaciones crediticias y fiscales”.
Constatada la situación de Emergencia, y en caso de que los productores afectados reúnan los requisitos necesarios para acceder a los beneficios de la ley, se activan mecanismos de ventajas tanto a nivel “criditicio” como “impositivo”, de “obras públicas” y de “orden social”.