Por decreto, el Gobierno oficializó ayer la baja de los contratos de 7.000 empleados públicos que ingresaron este año, salvó excepciones específicas, y ordenó "un relevamiento exhaustivo" de aquellos trabajadores estatales que cumplen funciones desde antes de 2023.

Al tiempo que prorrogó la vigencia del Decreto N° 426/22 hasta el 31 de marzo de 2024, que establece restricciones en el mismo sentido.

El Poder Ejecutivo estableció el recorte por medio de los decretos 84/2023 y 77/2023, publicados en la edición de ayer del Boletín Oficial con las firmas del presidente Milei y del jefe de Gabinete, Nicolás Posse.

La primera norma, referida a las contrataciones de personal, sostiene en su primer artículo que "las contrataciones del personal para la prestación de servicios efectuadas en el marco del artículo 9° de la ley marco de regulación de empleo público nacional, del Decreto 1109 del 28 de diciembre de 2017 y de toda otra modalidad de contratación que concluya al 31 de diciembre de 2023, e iniciadas a partir del 1 de enero de 2023 en los organismos comprendidos en los incisos a) y c) del artículo 8° de la Ley 24156 no serán renovadas".

En este punto, se exceptúan "las derivadas de cupos regulados por ley u otro tipo de protecciones especiales; el personal que haya estado prestando tareas con fecha previa al 1 de enero de 2023 y haya cambiado su modalidad de contratación; y el personal que el titular de cada jurisdicción evalúe que resulte indispensable para el funcionamiento de la jurisdicción, de manera restrictiva y fundada y que su continuidad es necesaria por razones impostergables de funcionamiento".

Revisión

El Ejecutivo también solicitó a las autoridades de cada área "un relevamiento exhaustivo del personal contratado, cuya fecha de ingreso a la administración sea previa al 1 de enero de 2023" y "en el caso de que decidan renovar dichos contratos, deberán fundar la decisión demostrando la necesidad de continuar con la contratación".

Al mismo tiempo, se instruye a los titulares de las jurisdicciones a que "informen a la Jefatura de Gabinete sobre la implementación de estas medidas".

Decreto 1109/17 establece el régimen de contratación de personas humanas para la prestación de servicios profesionales autónomos que sean necesarios para el desarrollo de tareas, estudios, proyectos o programas especiales, y establece que dichos contratos no podrán superar los 12 meses, siempre que no exceda el período presupuestario en curso.

En tanto, el Decreto 77 prorroga la vigencia del Decreto 426/22 hasta el 31 de marzo de 2024, por el cual se establecieron restricciones a las designaciones de personal en las jurisdicciones y entidades del sector público nacional.

Empleados y planeros

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, prepara una resolución para dar de baja a los 8.538 empleados públicos de diez provincias que cobran, a la vez, el Potenciar Trabajo, una violación a la norma del mayor programa social que estaba bajo la órbita del antiguo Ministerio de Desarrollo Social y que era administrado por el líder del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, durante los cuatro años del gobierno de Alberto Fernández.

La denuncia sobre esas incompatibilidades, que generaban una erogación anual superior a los siete mil millones de pesos, fue realizada por el fiscal federal Guillermo Marijuan y sus detalles revelados porel portal de noticias Infobae.

El listado involucra a las siguientes provincias y beneficiarios que, a la vez, son empleados públicos: Tucumán, con 1.145 empleados provinciales que cobran el Potenciar Trabajo; La Rioja, 1.060 -divididos en 303 de planta permanente y 757 contratados-; Jujuy, 652; Corrientes, 518; Salta, 434; Río Negro, 198; Córdoba, 194; Formosa, 180; y Santa Cruz, 128.